Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han instado a los gobiernos de todo el mundo a despenalizar el aborto y mejorar su progreso para garantizar el derecho de toda mujer o niña a tomar decisiones autónomas sobre su embarazo. Este es el núcleo de su derecho fundamental a la igualdad, la privacidad y la integridad física y mental, y es una condición previa para el disfrute de otros derechos y libertades.

De los muchos desafíos para la igualdad de género que enfrentan las mujeres a lo largo de su vida, el área de la salud sexual y reproductiva sigue siendo uno de los más controvertidos y es uno de los campos en los que las mujeres enfrentan las mayores reacciones negativas. La discriminación persistente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva mediante la negación de la autonomía y la falta de reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres y las niñas tiene un efecto debilitante en la capacidad de las mujeres para reclamar la igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.

Los marcos legales para el aborto se han diseñado en su mayoría para controlar la toma de decisiones de las mujeres mediante el uso del derecho penal. Muchos marcos legales generalmente prohíben el aborto y lo legalizan solo por motivos específicos que no captan la variedad de circunstancias en las que las mujeres y las niñas pueden necesitar abortos. Estas restricciones legales frecuentemente convergen con las barreras prácticas para negar efectivamente el aborto a mujeres embarazadas y niñas a expensas de su dignidad y bienestar.

Los gobiernos tienen el deber de garantizar que las mujeres y niñas que se someten a un aborto sean tratadas con humanidad y sin juicios ni supuestos de violación de las leyes. La singularización del aborto para su criminalización ha contribuido a su estigmatización y a que las mujeres sean blanco de ello. La idea de que el aborto es reprochable es una construcción cultural; el hecho es que debería ser un procedimiento médico seguro al que mujeres y niñas deberían tener acceso cuando lo necesiten.

Los países deben demostrar su compromiso para eliminar la discriminación contra la mujer en su legislación y promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las adolescentes, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Quedó establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y se confirmó en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que los derechos humanos internacionales se confieren a quienes han nacido. Pero algunos propagan una retórica peligrosa de que los derechos de una mujer embarazada y los intereses fetales deben protegerse por igual. Sin embargo, no existe tal afirmación en el derecho internacional de los derechos humanos.

El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte de mujeres embarazadas. Las leyes restrictivas sobre el aborto ponen en peligro la vida de las mujeres y les imponen miserias, por lo que la afirmación que a menudo hacen los oponentes del aborto de que su postura es “pro-vida” es engañosa. Se sabe que en países donde la interrupción del embarazo está restringida por la ley y/o no está disponible, la interrupción segura del embarazo es un privilegio de los ricos, mientras que las mujeres con recursos limitados tienen pocas opciones y deben recurrir a proveedores y prácticas inseguras. Datos de la OMS han demostrado que penalizar la interrupción del embarazo no reduce el número de mujeres que recurren a procedimientos de aborto. Más bien, es probable que aumente el número de mujeres que buscan procedimientos clandestinos e inseguros. Los países donde las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado y se les proporciona acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos tienen las tasas más bajas de aborto.

Fuente: ACNUDH

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