«El agua es la savia de los seres humanos, y de toda la vida en la Tierra,» afirmó David R. Boyd, experto de las Naciones Unidas en derechos humanos y medioambiente, en la presentación de su último informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza

«Y aun así, más de 2 mil millones de personas no tienen acceso a agua potable tratada de forma segura. Más de 4 mil millones de personas no tienen acceso a saneamiento tratado de forma segura.  La escasez de agua afecta en la actualidad a más de 3 mil millones de personas.  Tres cuartas partes de todos los desastres naturales de los últimos veinte años estaban relacionados con el agua, incluyendo inundaciones, deslizamientos de tierra y otros fenómenos climáticos extremos.»

En su informe, Boyd describe las causas y consecuencias de la crisis global del agua, centrándose en los efectos negativos que la contaminación del agua, la escasez de agua y los desastres relacionados con el agua conllevan para el disfrute de una serie de derechos humanos, incluyendo los derechos a la vida, salud, agua, saneamiento, alimentos, un medioambiente saludable, y un nivel de vida adecuado, desarrollo, cultura y los derechos de los niños. 

«El ochenta por ciento de las aguas residuales son vertidas en el medioambiente sin ser tratadas previamente, contaminando las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y los océanos. Las enfermedades transmitidas por el agua causan anualmente cerca de 2 millones de muertes evitables en todo el mundo, siendo los niños menores de 5 años los más afectados.»

Boyd destacó además que los efectos de la crisis global del agua afectan de manera desproporcionada a los grupos vulnerables o marginados, que incluyen a las mujeres, los pueblos indígenas, los grupos minoritarios, los refugiados, las personas con discapacidades, las personas mayores, y las personas que viven en la pobreza, y esto se ve agravado por factores como la edad, el género, la pobreza, las discapacidades y el origen cultural o étnico. 

Asimismo, el experto señaló que la protección de los derechos de las poblaciones marginadas también les permitiría contribuir en gran parte a las soluciones para el problema del agua, a la vez que nombraba a las mujeres y los pueblos indígenas como actores clave a la hora de mejorar el uso que se hace del agua y cómo se asigna y gestiona esta en viviendas urbanas y rurales y en comunidades locales. 

Boyd no obstante recordó a los Estados que en primer lugar tienen la obligación de garantizar agua segura y suficiente y les solicitó que apliquen un enfoque basado en los derechos a todos los aspectos relativos a asignar, gestionar, conservar, proteger y restaurar el suministro de agua. 

En su informe, él destaca siete pasos clave que los Estados deben adoptar para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, que incluyen llevar a cabo una evaluación del estado del agua; llevar a cabo un trazado de las medidas legales además de intensificar las iniciativas para garantizar que se incorporan los derechos humanos a las legislaciones, normativas y políticas sobre agua y sobre aguas residuales; crear o revisar planes relacionados con el agua para que incorporen un enfoque basado en los derechos; implementar planes relacionados con el agua y hacer cumplir leyes, normativas y normas relacionadas con el agua; evaluar los avances; construir capacidad humana, financiera e institucional; e informar y hacer partícipe al público, en especial a las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables y marginados.      

El informe de Boyd también destaca las responsabilidades de las empresas, citándolas como uno de los mayores contribuidores a la contaminación del agua, el uso excesivo del agua, y la degradación de los ecosistemas de agua dulce, a través de la deforestación, el represamiento de los ríos, la extracción, transporte y combustión de combustibles fósiles, la agricultura industrial, la explotación de ganadería intensiva, la pesca industrial, la industria de la moda y textil, la minería a gran escala, además de la mercantilización del agua y la naturaleza.

«Las empresas han externalizado muchas actividades que son contaminantes, que hacen un uso excesivo del agua y dañan los ecosistemas de agua dulce de países de ingresos altos a países de ingresos bajos, explotando normas medioambientales y de derechos humanos que apenas se aplican o no se aplican en su totalidad,» explicó. 

«Las empresas deben aprobar políticas de derechos humanos, llevar a cabo debida diligencia en materia de derechos humanos, establecer mecanismos de reclamación efectivos y transparentes, reparar violaciones de derechos humanos de las que sean directamente responsables, y trabajar para influir en otros actores para que respeten los derechos humanos en los casos donde exista una relación de influencia.»

Boyd también planteó la cuestión de los defensores medioambientales, incluyendo defensores del agua limpia quienes, destacó, siguen siendo asesinados, criminalizados e intimidados.  Instó a los Estados a aumentar sus esfuerzos para protegerlos. 

En última instancia, añadió Boyd, es esencial garantizar un agua segura y suficiente para proteger una amplia gama de derechos humanos y así conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos