Amnistía internacional rechaza categóricamente la expulsión de 56 personas de nacionalidad venezolana ocurrida el pasado domingo 6 de junio, de las cuales en 37 casos se trataba de expulsiones de carácter administrativo, es decir por haber ingresado por un paso no habilitado.
Estas personas, en muchos casos separadas de sus hijos e hijas menores de edad, han tenido la posibilidad de acceder a un debido proceso como lo estipula la ley, mucho menos considerando los principios del bien superior del niño y reunificación familiar de los menores de edad y allegados.
El gobierno ha hecho oídos sordos a las solicitudes por parte de organismos internacionales como la ONU, que han catalogado a las personas venezolanas como población objetiva necesitada de protección internacional, esto debido a la crisis humanitaria que esta enfrentando su país de origen, y que han hecho llamados expresos al Estado de Chile a poner freno a las expulsiones colectivas de personas migrantes, por no respetar el derecho al debido proceso, la revisión individual de los casos y al garantía de que las personas durante la investigación puedan permanecer en el país mientras la evaluación de sus casos estén en curso.
Repudiamos que, al igual que la expulsión masiva del mes de abril, este procedimiento haya sido realizado durante un fin de semana, impidiendo que las personas afectadas por las medidas de expulsión puedan ejercer su derecho a la defensa jurídica. Esto vulnera el debido proceso legal, al verse imposibilitados de recurrir a tribunales o interponer recursos de amparo a su favor.
Resulta necesario enfatizar que estas medidas administrativas deben ser realizadas respetando los estándares internacionales de derechos humanos, vinculantes para el Estado de Chile, que gozan de carácter constitucional, procurando por sobre todo respetar la prohibición de realizar expulsiones colectivas.
Reiteramos el llamado a las autoridades a respetar el derecho al debido proceso, a que cuestiones tan delicadas para la dignidad e integridad humana sean estudiados uno a uno, a cursar los procedimientos en el marco de la ley basados en un principio pro hominem, en el cual la persona este en el centro de la decisión que el Estado adopte.
Vía: https://amnistia.cl
