Desde la entidad acusan que el contenido de las modificaciones propuestas, más parecen estar encaminadas a adecuar el actual sistema de inteligencia para detener y neutralizar el estallido social iniciado el 18 de octubre del año pasado.
A través de una carta, la Comisión Chilena de Derechos Humanos se refirió a la suma urgencia que el Gobierno puso al Proyecto de Ley que modifica el Sistema Nacional de Inteligencia. En el documento, sostienen su “seria preocupación por el avance de la iniciativa” que se encuentra en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
Así, en primer termino, hacen el llamado a estudiar y analizar con “acuciosidad” una materia tan importante y estratégica, esto con el “objeto de establecer un sistema de inteligencia democrático, que responda a los intereses mayoritarios de la sociedad chilena y sea una expresión genuina de la soberanía popular”.
En virtud de lo anterior critican la suma urgencia interpuesta por el Ejecutivo, en medio de una crisis sanitaria con graves consecuencias sociales y económicas para vastos sectores de la población. “No se condice con la demanda mayoritaria del pueblo chileno expresada durante el estallido social, de ejercer el derecho humano a la libre determinación, a través de un genuino proceso constituyente que permita establecer entre todos y todas, una nueva institucionalidad democrática que respete y garantice los derechos humanos consagrados en los Pactos y Convenciones suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y por tanto, de aplicación obligatoria”, calificando de antidemocrática la decisión.
“El contenido de las modificaciones propuestas, más parecen estar encaminadas a adecuar el actual sistema de inteligencia para detener y neutralizar el estallido social iniciado el 18 de octubre del año pasado, que el de generar un sistema de inteligencia moderno acorde a las exigencias del siglo XXI”, recriminan.
Uno de los puntos más cuestionados de la nueva normativa en tramitación es la que entrega a los Comandantes en Jefe la totalidad de la fijación de los objetivos del sistema de inteligencia y la que cambia la definición de contrainteligencia y establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no sólo puede ser externa, sino que provenir de “grupos nacionales”, algo que, según la Comisión, “abre paso a un sistema de inteligencia dirigido a reprimir y neutralizar la protesta social. Además, impide participación del Congreso en el diseño de sus objetivos e imposibilita en la práctica, el control democrático de su quehacer, fijando quórums altísimos para citar al Director de la ANI a rendir cuentas al Parlamento”, haciendo un llamado a los parlamentario a que, en obligación de votar, puedan citarlos como expertos en Derechos Humanos para opinar sobre la materia.
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Fuente: Diario Uchile.
