Hemos iniciado un proceso de discusión sobre los contenidos que debería tener una nueva Constitución en Chile. Con la finalidad de aportar al debate público, este viernes 6 de noviembre se llevó a cabo, de manera virtual y gratuita, la conferencia internacional “Reconocimiento constitucional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: análisis de experiencias comparadas” en el marco de la  II Cátedra en Derechos Humanos José Aldunate S.J. que imparte la Universidad Alberto Hurtado. Se puede ver completa aquí. 

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En ella participaron el Dr. Roberto Gargarella, jurista argentino autor de “La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina”; la Dra. Magdalena Correa, profesora de Derecho Constitucional en Colombia, país cuya Constitución es conocida como “la de los derechos humanos”; y el Dr. Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile. La instancia fue moderada por la Dra. en Ciencias Jurídicas Miriam Henríquez y fluyó como un diálogo cercano a la vez que de excelencia, en torno a cuáles serán los desafíos fundamentales del proceso de redacción de carta fundamental que se avecina en Chile.

El Dr. Roberto Gargarella recordó la historia de Latinoamérica, donde nuestros fundadores, pertenecientes a las elites, se preocuparon de los derechos de propiedad y libre mercado: “Se preguntaron cuál era la principal amenaza de esos derechos y organizaron el poder para poder garantizarlos. Ahora nos interesan los derechos sociales y hay que hacer el mismo proceso”, explicó el jurista argentino, enfatizando la importancia de no caer en el error de inundar la constitución de derechos en vez de concentrarse en la re-organización del poder, de modo que esté en función de protegerlos con eficacia.

“Hoy los derechos sociales aparecen como privilegios que hay que reclamar. El poder siguió siendo concentrado y para mantenerse empezó a repartir derechos de modo de cubrir demandas y bajar expectativas, usándolos como soborno: A Correa le protestaban los indígenas, así que dio derechos indígenas para calmar enojos y fortalecer su poder. Chile se quiere subir al tren latinoamericano porque se ha quedado atrás, está muy pobre en tema de derechos. Está bien que incorporemos nuevos derechos, pero no caigamos en la ilusión que cayeron los demás países latinoamericanos”, concluyó en su primera intervención.

Por su parte, la Dra. Magdalena Correa habló de la experiencia colombiana, cuya Constitución es conocida como “la de los derechos humanos”, sin embargo su forma de protección, tal como advertía Gargarella, depende de la vía judicial: “Por eso, en la práctica no funcionan como derechos constitucionales si no que judiciales. Eso los hace frágiles y por eso nuestros niveles de desigualdad se mantienen en términos relativos muy altos”.

Para explicar la judicialización de los derechos constitucionales usó el ejemplo del proceso de integración de los pueblos originarios al proceso colombiano: “Los indígenas tuvieron una participación pequeña, pero se reflejó con el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la protección de la propiedad colectiva quedó judicializada porque no hay formas concretas para que se garantice la propiedad titular. Han sido los jueces los que la definen. La jurisprudencia ha sido fuerte en proteger a las comunidades indígenas, particularmente en sus derechos fundamentales. Pero en esas circunstancias siempre es tarde porque ocurre cuando el Estado ya otorgó títulos mineros, y ahí recién es cuando pasa a lo judicial. Tiene que ser antes”.

El Dr. Agustín Squella enfatizó la importancia de educarnos no sólo en el texto mismo de la Constitución si no también en la historia de los derechos humanos: “Su ignorancia hace que liberales de buena fe solo crean que los únicos derechos sean los liberales, porque son los únicos que existen aquí. Es necesario que se entienda que ha sido una escalada, que los derechos son una construcción humana, y en un momento dijeron ‘bah, ya no basta con limitar al poder, hay que participar en la génesis del poder’, y después: ‘no basta con participar, es necesario imponer deberes de prestación a cualquiera que ejerza el poder para garantizarlos’”.

También advirtió conflictos por venir: “Esta es la oportunidad para que Chile se defina como un Estado Social y Democrático de Derechos, entendiendo que esto presupone una serie de libertades personales y que no por ello deja de tomar un compromiso con la igualdad como valor. Los liberales van a leer ‘Estado Socialista’, pero un Estado de derecho sin derechos sociales, con puras libertades, está dejando de lado lo que debe declararse para que las sociedades puedan avanzar hacia una mayor igualdad”. 

El Dr. Gargarella quiso aportar un punto en relación a esta diferencia ideológica: “No creo que el objetivo sea encontrar un equilibrio sino que manifestar un compromiso con arreglar errores…No es revolucionarlo todo, si no tomar nota de que solemos caer en un modo muy inapropiado de pensar los derechos en una sociedad democrática, y ver de qué modo uno se aleja de ese problema y se asegura de que no vuelva a pasar”. Y agregó: “Ahora en USA cambiaron un juez y se cae el mundo. ¿Cómo puede ser? Eso es un problema en una sociedad democrática. Chile tiene una buena oportunidad de solucionar problemas que merecen ser reconocidos como tales”.

En este sentido, la Dra. Correa complementó que hay algo que le llama la atención en el constitucionalismo latinoamericano: “la suma del Estado liberal y social es un poco meter en la misma bolsa los dos, que fue lo que pasó en el proceso colombiano. Son cosas distintas y, en algunos eventos, contradictorias. No sé por qué si en el constitucionalismo social alemán o el español se ha podido articular, para nosotros es batalla. ¿Por qué si alguien habla de social es un comunista y si alguien habla de liberal es fascista? ¿Cómo se resuelve eso para que Chile sea feliz y libre? Lo más importante para que todo el discurso constitucional funcione es fortalecer los procedimientos, porque si no, todo es un show”. 

El próximo Jueves 19 de noviembre a las 18:00 hrs se llevará a cabo la última conferencia de la II Cátedra en Derechos Humanos José Aldunate S.J.: “Justicia Transicional en América Latina: experiencias comparadas y desafíos del presente” contará con la participación del ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão y será introducido por la cientista política directora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, Cath Collins. Estará disponible en las plataformas YouTube, Facebook live, e Instagram del Programa de Memoria y DDHH

Esta cátedra se realiza en el marco del proyecto de investigación Anillos “Tecnologías Políticas de la Memoria” (PIA SOC180005), el Premio Newton 2018: “Violencia política y gestión de violaciones de derechos humanos. Lecciones desde una perspectiva comparada en las Américas”, y el proyecto Fondecyt Regular 1190834: “Más allá del paradigma de la víctima”.