La Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas, ex-centro de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura cívico militar, ante la violencia racista ejercida contra personas Mapuche en la Región de La Araucanía, en las localidades de Curacautín, Traiguén, Ercilla y Victoria, la noche del 1 y madrugada del 2 de agosto del presente año 2020, manifestamos lo siguiente:

Condenamos los episodios de violencia por parte de grupos organizados a quienes se les permitió e incentivó a ejercer autotutela para atacar a comuneros y comuneras Mapuche, quienes se encontraban en tomas pacíficas de municipios de la zona, exigiendo al Estado de Chile el respeto por el Convenio 169 de la OIT y la resolución de las demandas de los Presos Políticos Mapuche, quienes se encuentran en huelga de hambre hace 90 días.

Rechazamos la permanente violencia que afecta la Región de la Araucanía. La militarización de la zona no contribuye a establecer caminos de entendimiento, sino que acentúa la criminalización y persecución hacia el pueblo Mapuche. Nuestras experiencias y vivencias en terreno, acompañando a diversas comunidades de Tirúa, Cañete, Collipulli nos dicen que el atropello y violación sistemática de los Derechos Humanos de las y los habitantes del Wallmapu, es cada vez mayor y peor. Y, creemos, que será aún mayor en el futuro inmediato, teniendo presente el contexto actual, en el que se permite a civiles actuar en completa impunidad y, de acuerdo con los hechos ocurridos en las últimas horas, con la aquiescencia del Estado.

El Estado de Chile tiene la responsabilidad y la obligación de defender y promover los Derechos Humanos, así como todos sus agentes, en sus tres poderes, tienen también la obligación de respetar y proteger estos derechos. Toda vez que diversas instancias internacionales de DDHH se han pronunciado respecto a la represión al pueblo Mapuche y que el Estado de Chile ha reconocido.

La violencia amparada e instigada por el Estado en el Wallmapu debe ser investigada por la justicia y el parlamento debe interpelar al Ministro del Interior, Víctor Pérez, para que dé cuenta de lo sucedido y de sus declaraciones. Además, instamos a la creación de una Comisión Especial Investigadora en el Congreso para aclarar responsabilidades políticas. Las acciones del Estado se deben apegar al Convenio 169 de la OIT que
salvaguarda derechos indígenas, como la Declaración de la ONU sobre la materia y la Convención Internacional Contra Toda Forma De Discriminación Racial, todas aceptadas por Chile.

Llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil y de Derechos Humanos, nacionales e internacionales y a la población en general, a solidarizar activamente con los presos políticos Mapuche en Huelga de Hambre, con las comunidades a quienes se les han violado sus derechos y en apoyo a las demandas históricas de las comunidades del Wallmapu.

Santiago de Chile, 2 de agosto 2020
Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas
Comisión de Observadores de Derechos Humanos
Casa Memoria José Domingo Cañas

Anexo Declaración Pública
La Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas, ex-centro de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura cívico militar, ante los diversos hechos sucedidos en la Región de La Araucanía, en las localidades de Curacautín, Traiguén, Ercilla y Victoria, la noche del 1 y madrugada del 2 de agosto del presente año 2020, manifestamos lo siguiente:

Condenamos los episodios de violencia por parte de grupos organizados a quienes se les permitió ejercer autotutela para atacar a comuneros y comuneras Mapuche, quienes se encontraban en tomas pacíficas de municipios de la zona, exigiendo al Estado de Chile el respeto por el convenio 169 de la OIT y la resolución de las demandas de los Presos Políticos Mapuche, quienes se encuentran en huelga de hambre hace ya 90 días. Estos grupos organizados gritaban consignas racistas, apedrearon los recintos, quemaron autos, golpearon a comuneros y lanzaron artefactos explosivos a las dependencias municipales que se encontraban tomadas por los Mapuche. Todo lo anterior sucedió en horario de toque de queda y con presencia de Carabineros, quienes no intervinieron para frenar a la turba. Observamos imágenes en donde incluso parte de la turba se encuentra al interior de uno de uno de estos municipios en conjunto con carabineros. Con respecto al actuar de carabineros, la institución publicó en sus redes anoche que, producto de desórdenes públicos procedía a desalojar los municipios y a detener a sus ocupantes, no haciendo ninguna mención a los civiles armados que se encontraban haciendo desmanes y atacando a los Mapuche, de los cuales no tenemos antecedentes de que alguno de ellos haya sido detenido.

Hoy domingo 2 de agosto el subsecretario del interior, Juan Francisco Galli, informó de 48 personas detenidas, de las cuales 36 de ellas pasaron a control de detención. Las 12 personas que no pasaron a control de detención son menores de edad, quienes, según esta autoridad están siendo utilizados políticamente. También informa de dos mujeres detenidas en condición de lactancia, las que según el gobierno también están siendo utilizadas por personas con “falta de ética”.

El gobierno ha abordado la situación invocando, a través del nuevo Ministro del Interior, Víctor Pérez, que “en la zona existen grupos con capacidad militar, con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están muy decididos a que no exista la paz”. Pérez, además, refiriéndose a las municipalidades tomadas por comuneros Mapuche, instó a los alcaldes a “solicitar el desalojo” y sostuvo que en Chile “no hay presos políticos”.

La Comisión Interamericana de DDHH, en su Informe sobre Protesta y Derechos Humanos de 2019, en su párrafo 144 establece que, “los Estados deben restringir la ejecución de desalojos forzosos y están obligados a adoptar medidas para proteger a las personas y comunidades perjudicadas por tales operativos, pues los casos de desalojos forzosos son “prima facie incompatibles” con los principios del derecho internacional. En caso de que se realicen, se deberán adoptar las medidas necesarias para minimizar su impacto en la población afectada, en particular respecto a grupos vulnerables como niños y niñas, personas con discapacidad y adultas mayores, mujeres, pueblos indígenas, entre otros grupos y sectores marginados.”

Rechazamos la permanente violencia política, policial, ideológica e histórica que afecta la Región de la Araucanía. La militarización de la zona no contribuye a establecer caminos de entendimiento, sino que acentúa la criminalización y persecución hacia el pueblo Mapuche. Ante esta situación, y como recurso extremo, los presos políticos Mapuche iniciaron una huelga de hambre, que lleva ya 90 días, sin que sus demandas hayan sido escuchadas ni acogidas por los tribunales de justicia, ni por el gobierno, ni el parlamento. El Estado chileno mantiene una actitud de total indiferencia ante estas demandas.

Nos parece que el enjuiciamiento público, al sindicar mediáticamente a “los Mapuche” como “violentistas” y que “utilizan a menores de edad y mujeres lactando”, es una medida imprudente y criminalizante.

Nuestras experiencias y vivencias en terreno, acompañando a diversas comunidades de Tirúa, Cañete, Collipulli nos dicen que el atropello y violación sistemática de los Derechos Humanos de las y los habitantes del Wallmapu, es cada vez mayor y peor. Y, creemos, que será aún mayor en el futuro inmediato, teniendo presente el contexto actual, en el que se permite a civiles actuar en completa impunidad.

El Gobierno de Chile tiene la responsabilidad y la obligación de defender y promover los Derechos Humanos. Todos los agentes del Estado, en sus tres poderes, tienen la obligación de respetar y proteger estos derechos, toda vez que diversas instancias internacionales de DDHH se han
pronunciado respecto a la represión al pueblo Mapuche y que el Estado de Chile ha reconocido, como por ejemplo el Comité contra la Tortura (CAT), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Informe Periódico Universal sobre Chile, el Comité contra la Discriminación Racial (CERD), el Comité de Derechos Humanos (CDH), el Comité de los Derechos del Niño (CDN), el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios y Guardias Privados, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Exigimos a las autoridades el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y el respeto de los instrumentos internacionales a las que ha adherido y ratificado el Estado de Chile. No puede haber seguridad sin el respeto a los Derechos Humanos La violencia vivida en el Wallmapu debe ser investigada por la justicia y el parlamento debe interpelar al Ministro del Interior, Víctor Pérez, para que dé cuenta de lo sucedido y de sus declaraciones.

Además, se debe crear una Comisión Especial Investigadora en el Congreso para aclarar responsabilidades políticas.

En conclusión, reiteramos que las acciones del Estado se apeguen al Convenio 169 de la OIT que salvaguarda derechos indígenas, como la Declaración de la ONU sobre la materia, ambos aceptados por Chile.

Llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil y de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, conscientes del daño histórico que el Estado chileno ha hecho al pueblo Mapuche, y que trabajamos en la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos y a la población en general, a solidarizar activamente con los presos políticos Mapuche en Huelga de Hambre, con las comunidades a quienes se les han violado sus derechos y en apoyo a las demandas históricas de las comunidades del Wallmapu.

Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas
Comisión de Observadores de Derechos Humanos
Casa Memoria José Domingo Cañas