La legalización minera impuesta durante la Dictadura y su consecuente política económica significó la apropiación de los recursos naturales de las tierras indígenas o en tierras colindantes a ellas, por parte de personas no indígenas y empresas nacionales y transnacionales.
Fue así como el Estado otorgó concesiones de explotación o uso de dichos recursos a particulares, sin considerar los derechos territoriales de los pueblos indígenas ni sus respectivas demandas.