El Código de Aguas de 1981 separó el agua de la tierra como bienes distintos y entregó a terceros en forma gratuita derechos sobre las aguas que los pueblos indígenas utilizaban desde tiempos inmemoriales.
Esta política de aguas afectó profundamente a las comunidades aymaras, atacameñas, diaguitas, quechuas y collas en cuanto al acceso, manejo y administración del agua, así como a las comunidades y pueblos indígenas del sur y puso en riesgo la existencia misma de las comunidades.