De ser promulgado, beneficiaría a alrededor de 4.000 afectados por la violencia, y también a familiares de fallecidos en el contexto del estallido social.

Una de las propuestas es disminuir los requerimientos probatorios en estas causas de derechos humanos.

Según la diputada, el proyecto busca evitar que las víctimas reciban “una justicia que llega tarde, por goteo o que no llega nunca”.

La diputada Camila Vallejo (PC) ingresará un proyecto de ley que pretende reparar e indemnizar a las “víctimas del Estado” en el contexto de las protestas a nivel nacional, durante el llamado estallido social.

“El saldo de personas lesionadas, con traumas oculares, y de fallecidos en contextos de protesta social, a contar del 18 de octubre de 2019, son prueba irrefutable que los derechos garantizados por nuestra Carta Fundamental sólo fueron una declaración de principios para las miles de personas que vieron vulnerados sus derechos”, afirmó la parlamentaria.

En ese sentido, la iniciativa podría beneficiar a unas 4.000 personas, pues al 19 de marzo de este año, el Instituto de Derechos Humanos contabilizaba 3.838 personas heridas en las manifestaciones, y 460 víctimas de trauma ocular.

Según el documento, estas personas “requieren con urgencia de los fondos necesarios para poder costear los tratamientos médicos y psicológicos, y de rehabilitación que necesitan para reparar el daño ocasionado, y poder reinsertarse en su vida laboral y familiar, y requieren acceso a dichas prestaciones de manera pronta”.

El proyecto plantea establecer un procedimiento especial para todas las personas lesionadas, y también aquellas afectadas por la muerte de familiares durante las protestas, para que accedan a un “trámite veloz” de reparación.

Asimismo, busca reducir los “requerimientos probatorios para que las víctimas puedan obtener la sentencia que requieran, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al proteger los derechos a la vida, y la integridad física y síquica de los manifestantes o de personas que se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales, debiendo sólo acreditar la existencia y cuantía del daño, y el hecho de haber sido ocasionado bajo las circunstancias antes señaladas”.

“A un año del estallido social todavía tenemos un Estado que está en deuda con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, una justicia que llega tarde, por goteo o que no llega nunca”, remarcó Vallejo.