Tras el 11 de septiembre de 1973, la Central Única de Trabajadores -principal organización sindical en ese entonces-sufrió la cancelación de su personalidad jurídica pasando a la ilegalidad.
Esto, sumado a la prohibición del derecho de reunión y el estado de sitio, se constituyó en un duro golpe para la organización de trabajadores y trabajadoras.
La dictadura eliminó conquistas logradas por las y los trabajadores como protagonistas de los procesos sociales.
En el ámbito rural se instaló la Contra Reforma Agraria, con una cruenta represión al campesinado de las cooperativas agrícolas y asentamientos. En el sector industrial, las FF.AA. irrumpieron con violencia en las fábricas incorporadas al área social o que habían sido parte de los Cordones Industriales, imponiendo interventores militares.
En 1978 fueron clausuradas diversas organizaciones sindicales: la Confederación Nacional Indígena y Campesina Ranquil; Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina UOC; Federación Nacional de Sindicatos Metalúrgicos, FENSIMET; Sindicato Profesional de Obreros de la Construcción de Santiago; Federación Nacional Textil y de Vestuario, FENATEX; Federación Industrial de la Edificación, Madera y Construcción, FIEMC y Federación Industrial Nacional Minera, FINM.
Los y las dirigentes fueron víctimas de detenciones, torturas, interrogatorios, prisión, expulsiones del país y relegaciones. Esta situación se mantuvo hasta fines de los ochenta, afectando a miles personas que dieron su vida defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
