Este lunes, el Ministerio Público confirmó que a casi un año desde el inicio del estallido social, se han contabilizado un total de 8.575 víctimas asociadas a presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales.
Al respecto, la directora de la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía, Ymay Ortiz, indicó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que de las denuncias realizadas, hay 919 imputados conocidos; 63 efectivos formalizados, todos con medidas cautelares, en 29 causas.
El diputado Miguel Crispi (RD) se refirió a la diferencia entre el número de personas afectadas versus los formalizados por denuncias. Ortiz, en tanto, respondió que han debido realizar un trabajo de “pirquineo” para determinar si en las causas que llegaron podrían haber dichas violaciones. En ese sentido, anticipó una posible alza en la cifra de formalizados en las próximas semanas.
Por el lado de Carabineros, el general inspector Gonzalo del Alcázar, director de Contraloría de Carabineros, informó, en la misma comisión, que se han realizado 1.270 procesos indagatorios internos, los que derivaron en la formulación de cargos a 170 efectivos policiales.
“De los 170 funcionarios antes mencionados, 16 de ellos ya fueron desvinculados de la institución -baja con efectos inmediatos-, mientras que a otros 19 también se les está proponiendo una medida expulsiva en el sumario administrativo, y que se va a aplicar una vez que se encuentre afirme”, puntualizó.
Además, otros 135 uniformados recibieron cargos como arrestos, reprensiones o amonestaciones por estas causas, sanciones que aparecen en sus respectivas hojas de vida.
Fuente: El Mostrador
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