Las personas pertenecientes a la disidencia sexual también fueron perseguidas, atormentadas y silenciadas durante la dictadura civil-militar chilena. Muchas se limitaron y se vieron condicionadas a vivir en ese olvido, pero también existieron otras que decidieron hacer frente a la represión, discriminación y marginalidad de una sociedad machista y un régimen autoritario.

La violencia estructural ejercida sobre las libertades y los cuerpos de la comunidad LGTBIQ+ durante la dictadura chilena tenía su repercusión también en lo legal. Los artículos N° 365 y 373 del Código Penal criminalizaban las expresiones que representaran una orientación sexo-afectiva e identidad de género fuera de la norma moral instaurada. Aquello era utilizado constantemente por agentes del Estado para profundizar la represión hacia los cuerpos, en vulneración de sus derechos humanos.

A esto se sumaba el paradigma valórico conservador influenciado fuertemente por la iglesia católica, que ponía a la familia heteronormada como núcleo central de la sociedad, estigmatizando y castigando social, cultural e institucionalmente cualquier expresión que subvirtiera dicho orden.

Asimismo, la homo/lesbo/bi/transfobia instaló un discurso social que vinculaba a la disidencia sexual con la portación de enfermedades -como el VIH, que llegaron a llamar como la “peste rosa”-, la drogadicción y el comercio sexual, estigmatizaciones propias de una sociedad machista y conservadora potenciada por el régimen dictatorial.

Uno de los crímenes de odio más mediáticos en dictadura es el de Mónica Briones, mujer lesbiana que en 1984 fue asesinada a golpes por un hombre. La versión oficial ocultó el crimen, atribuyendo la muerte de Mónica a un “atropello accidental”.

Muchas personas pertenecientes a la disidencia sexual tuvieron que convivir con su orientación sexual e identidad de género de forma clandestina. Cientos de testimonios dan cuenta la violencia sistemática ejercida por carabineros y militares contra personas disidentes sexuales durante la dictadura, en los que se observan relatos de vejaciones y actos discriminatorios de todo tipo.

Hoy más que nunca recordamos que el Estado tiene el deber de hacer frente a las formas múltiples de violencia y discriminación que enfrentan personas por causa de su orientación sexual o identidad de género, garantizando la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de una manera justa y equitativa sin distinción alguna. (3ra resolución ONU sobre DDHH, orientación sexual e identidad de género).