Desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, liderada por la ex presidenta Michelle Bachelet, manifestaron su preocupación por las expresiones de odio y discriminación racial.

“El diálogo participativo y de buena fe es el único camino frente a las continuas tensiones sociales en La Araucanía”, aseguró este martes Jan Jarab, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur.

Jarab enumeró una serie de preocupaciones de su oficina sobre la situación en esta región, incluyendo enfrentamientos entre integrantes del pueblo indígena mapuche y Carabineros, incendios de distinta índole, ocupaciones de recintos públicos y desalojos por medio de la fuerza.

El representante también se mostró alarmado frente a recientes expresiones de odio, discriminación racial y violencia por parte de civiles contra mapuches.

“Instamos a la investigación pronta, independiente y exhaustiva de los hechos, especialmente de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche. Sin embargo, también resulta fundamental abordar la problemática desde un enfoque multidimensional, con énfasis en la interculturalidad,” sostuvo.

En esta misma línea expresó que “para encontrar soluciones duraderas, se necesita abordar las causas profundas de estas tensiones, entre ellas la discriminación estructural y los asuntos pendientes en el ámbito de derechos humanos de los pueblos indígenas. Una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos”.

El representante señaló además que están preocupados por la situación de salud de varios comuneros mapuches privados de libertad que actualmente realizan huelgas de hambre, y consideró urgente superar dicha situación a través de diálogos participativos.

En este sentido, Jarab destacó la reciente aprobación, por parte de Gendarmería de Chile, de disposiciones referidas a pertinencia cultural y religiosa en el ámbito penitenciario.

Dicho ajuste normativo -que recoge estándares internacionales relevantes en materia de interculturalidad- surgió del diálogo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y varios actores sociales e institucionales, incluida la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“A pesar de la tensión estamos convencidos de que es posible encontrar acuerdos, de la mano del cumplimiento de las normas internacionales, incluido el Convenio 169 de la OIT. Nuestra oficina continúa a disposición para apoyar en la búsqueda de estas soluciones, con base en los derechos humanos”, concluyó el representante.

Fuente: T13.cl

Volver a Noticias.