Un día como hoy, el 15 de julio de 1975, aparece en Buenos Aires un ejemplar de la revista LEA, semanario de interés general del cual no existía antecedentes previos, y que hacía pública la noticia de la “La vendetta Chilena”, afirmando que “60 extremistas chilenos han sido eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha en un vasto e implacable programa de venganza y depuración política”.

De esta forma, y sin recurrir a fuentes, LEA informa que en combate “han caído fundamentalmente militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de las fracciones más radicales del proscrito Partido Socialista”, incluyendo, además, una nómina con 60 nombres bajo el título “Los que callaron para siempre”.

Semanas antes, el 25 de junio, el Diario Novo O’Día de Curitiva, Brasil, informa en su única publicación registrada el asesinato de 59 militantes del MIR, incluyendo la lista de sus nombres y vinculando sus muertes a “enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en Salta”.

Las nóminas entregadas por LEA y Novo O’Día sumaban en total de 119 víctimas, y en las semanas posteriores dichas informaciones serían replicadas por medios nacionales como El Mercurio, La Tercera o el vespertino La Segunda.

¿Qué pasó realmente?

Las publicaciones fueron parte de la #OperaciónColombo , montaje mediático de la dictadura chilena en complicidad con sus símiles sudamericanas para encubrir la preocupante situación de las personas detenidas desaparecidas en Chile, haciéndolas pasar por muertas en falsos enfrentamientos.

Según el informe de Verdad y Reconciliación, las detenciones de las 119 personas cuyos nombres figuraban en las nóminas internacionales se efectuaron en la ciudad de Santiago. Posterior a sus secuestros, fueron llevadas a los centros de detención clandestinos que estaban funcionando desde 1974: Villa Grimaldi, Cuartel Ollagüe, Londres 38, 3 y 4 Álamos.

Desde estos lugares se perdió sus rastro entre los meses de abril de 1974 a febrero de 1975. La Comisión en todos los casos establece que “hasta la fecha, no se ha podido determinar su suerte o paradero”, por lo que son consignados como detenidos desaparecidos. Investigaciones posteriores han determinado que la mayor parte fueron arrojados al mar.

Una de las primeras acciones realizadas por los familiares fue exhibir ante la opinión pública los recursos de amparo presentados cuando ocurrieron las desapariciones de sus cercanos. Luego se les sumaron 95 presos políticos del campo de prisioneros de Puchuncaví (Melinka) quienes se declararon en huelga de hambre el 31 de julio de 1975. Muchos de ellos habían estado con algunos de los 119 en distintos recintos de servicios secretos de la DINA.

En nuestra Biblioteca Digital podrás leer el artículo completo publicado por la revista LEA.

Revista LEA. Archivo Museo de la Memoria y los DD.HH. Fondo Funvisol.