A través de una carta abierta al pleno de la Corte Suprema, diversas organizaciones y sitios de memoria y derechos humanos manifestaron su preocupación por la propuesta que busca redistribuir las causas tramitadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil militar de Augusto Pinochet.
Lee la declaración completa:
“CARTA ABIERTA AL PLENO DE LA CORTE SUPREMA
Las organizaciones que suscriben esta comunicación, se han informado que el próximo lunes 11 de enero la Corte Suprema discutirá una propuesta de redistribución de las causas tramitadas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, y que desde hace años han sido llevadas por 12 ministros de dedicación especial. Nos preocupan los efectos que esta redistribución podría tener sobre un número muy significativo de procesos, muchos de los cuales se arrastran desde hace más de cuatro décadas o han sido reabiertos tardíamente, luego de años de sobreseimiento.
Durante este prolongado periodo, la demanda por verdad y justicia ha sido permanente, sostenida, principalmente por los y las familiares de las víctimas, el testimonio constante de ex detenidos y detenidas testigos de los hechos; abogados/as y diversas organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos A pesar de ello los avances de los tribunales han sido muy limitados y hemos visto imponerse, bajo sus diversas formas, la impunidad.
En efecto, entre 1995 y junio de 2020 apenas 400 causas penales, principalmente por casos de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas, contaron con sentencia ejecutoriada. Como aún se encuentran en tramitación otras 1.471 causas, a ese ritmo se necesitará el absurdo plazo de más de tres décadas para terminar con una labor largamente pospuesta por los tribunales, y obstaculizada por perpetradores, cómplices y encubridores.
El paso del tiempo es relevante porque la justicia tardía ya no es justa y porque así se ha consagrado la “impunidad biológica”: el fallecimiento de los agentes procesados o condenados ha impedido el término de numerosos procesos y la ejecución de la pena en los casos en que esta ya había sido dictada, también la muerte de testigos de los hechos, pero sobre todo, la de muchos familiares que han fallecido sin conocer el término de los juicios y menos la verdad sobre el destino de las víctimas: de 1.169 víctimas de desaparición forzada, solo los restos de 140 han sido encontrados e identificados.
Así, son varias generaciones las que ya han tenido que pasar por estos procesos que continúan inconclusos en una deuda que no es solo con los y las familiares sino con el conjunto de la sociedad, que ve como esta impunidad ha servido de respaldo para las nuevas violaciones a los derechos humanos que agentes del Estado siguen cometiendo en nuestro presente.
Es por ello que junto con denunciar la impunidad, exigimos redoblar los esfuerzos por avanzar en verdad y justicia. Y ante las nuevas medidas contempladas en la propuesta que prepara la Corte Suprema, solicitamos que se respete y garantice nuestro derecho al acceso oportuno a la información, permitiéndonos conocer dicha propuesta, hacer observaciones y ser escuchados antes de que esta sea discutida en el pleno de la Corte Suprema, de manera de hacer efectivo el acceso a la justicia.
Toda la verdad, toda la justicia
Firmantes:
– Londres 38, espacio de memorias
– Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
– Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFDD)
– Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH)
– Villa Grimaldi, Corporación Parque por la Paz
– Memorial Paine, un lugar para la memoria
– Fundación José Domingo Cañas”
Fuente: Londres 38.cl
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