La Constitución de 1980 declara formalmente su compromiso con la igualdad entre las personas. Sin embargo, este no ha significado en la práctica un Estado que se haga cargo de manera interseccional de las opresiones del sistema sobre grupos discriminados y excluidos históricamente, y tampoco ha logrado garantizar una perspectiva de género que mejore las condiciones de las mujeres permitiendo igualdad real y efectiva.
Los derechos humanos que incluyen los derechos de mujeres y niñas están reconocidos en tratados internacionales que el Estado de Chile ha ratificado, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belém do Pará”. En este sentido, estos textos debiesen considerarse para la creación de una nueva constitución y explicitar un estatuto claro sobre el alcance de la apertura del derecho nacional al internacional; explicar la posición que ocupan internamente los tratados y la capacidad de invocarlos directamente ante un tribunal, asuntos que la constitución actual no define claramente.
La incorporación de un marco de derechos humanos con perspectiva de género en la nueva constitución podría garantizar una protección constitucional de los derechos de las mujeres y de esta forma ayudar a contrarrestar la desigualdad estructural. En este sentido, si se incorporara el principio de igualdad sustantiva y no discriminación, esto obligaría al Estado a tomar medidas afirmativas necesarias para la superación de las desigualdades entre hombres y mujeres, que en concreto se pueden manifestar, por ejemplo, en la eliminación de la brecha salarial, así como también en la prohibición de la discriminación por razones de género, que podría impactar en los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Consagrar la paridad en los distintos órganos del Estado también es un tema en discusión, dado que eliminar la subrepresentación política de las mujeres y promover su participación en los asuntos públicos es significativo para avanzar hacia democracias más robustas.
Asimismo, el reconocimiento al trabajo doméstico y labores de cuidado no remunerado así como también la necesidad de que la nueva constitución incorpore el derecho de las mujeres y de las diversidades sexuales a vivir una vida libre de violencia, representan mejoras sustantivas en favor de la igualdad.
También es importante que se reconozcan los distintos tipos de violencia hacia la mujer, la violencia político sexual ha sido una forma de vulneración de derechos utilizada en especifico contra mujeres tanto en dictadura como en democracia, de ahí que la lucha contra la impunidad como parte del derecho a la justicia deban estar garantizados.
La memoria como derecho humano y el deber de los Estados de recordar y reparar deben ser parte de la discusión constitucional. Mayores grados de verdad, justicia y reparación, son determinantes para construir futuro en un nuevo marco de convivencia con igualdad de género.
Para una nueva constitución, siempre los derechos humanos con perspectiva de género.
*Fuente: NUEVA CONSTITUCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, U. de Chile, 2020.
